viernes, 29 de junio de 2007

Denuncias de ultraecologistas que fueron falsas

La opinión pública actualmente no contaría con la información completa sobre las denuncias más importantes que hace meses vienen realizaron los ultraecologistas en algunos casos nacionales que, en su momento, ganaron magnitud a través de distintos medios de prensa y de los que poco se supo luego de la intervención tanto de la justicia como de los organismos de control que intervinieron.
Interesado en clarificar los asuntos relacionados a las denuncias aludidas, Ciudadano actualizó dos importantes casos con el fin de compartir el desenlace de lo que fueron, tiempo atrás, “caros sucesos ambientales”.

Caso Villa Vil, Catamarca
Como ejemplo se cita la denuncia que aún se sigue citando –a través de Internet- sobre el caso del derrame de Villa Vil por la que se apuntó a la responsabilidad de la Minera Alumbrera de Catamarca, ocurrido el 19 de setiembre de 2004.
El accidente significó la inmediata intervención de la Secretaría de Minería de Catamarca, la Comisión de Agua Potable de Villa Vil, la Secretaría de Minería de la Nación (SEGEMAR), involucrando además a actores como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNA) y el Centro Vecinal de Villa Vil.
Si bien el asunto cobró gran resonancia, muy poco se difundió sobre el final de los estudios realizados tanto por la Secretaría de Minería de Catamarca y el laboratorio de la CNA de Mendoza, que arribaron a la misma conclusión: “La pérdida no produjo contaminación del agua potable ni de riego en la localidad de Villa Vil”, es decir, que las aguas no mostraron exceso alguno de los parámetros permitidos. Tal como lo pudieron constatar los miembros de la Comisión de Agua Potable de Villa Vil y el Centro Vecinal, algunos de los cuales viajaron para custodiar el recorrido de las muestras.

Caso Meridian Gold, Esquel
Afortunadamente el periodista Ricardo Bustos, de esa localidad patagónica, fue uno de los comunicadores que reveló ante la opinión pública “cómo terminó” el asunto realzado por la polvareda levantada tras la alarma denunciada por los ambientalistas cuando detectaron a un camión que “presumiblemente transportaba residuos altamente contaminantes, tóxicos o venenosos”.
Dijo el artículo de Bustos –publicado el 29 de mayo pasado- sobre lo ocurrido el 2 de abril de 2006: “En los primeros minutos del lunes, para los ambientalistas, el camión era sospechoso de transportar tóxicos altamente contaminantes, proveniente del proyecto minero Esquel, perteneciente a la empresa Meridian Gold. Para el medio día del lunes, los mismos ambientalistas fueron corrigiendo la puntería y denunciaban ante los medios masivos de Esquel que el camión provenía de la provincia de Río Negro –aunque seguían insistiendo en que transportaba residuos tóxicos proveniente de la minería.
Con la rápida colaboración del fiscal, se organizó un destacadísimo operativo a los efectos de secuestrar el camión con la misteriosa sustancia a cuestas.
Hoy, a más de un año después, el juez federal Leonidas Moldes, acaba de determinar que la denuncia efectuada por una de las más duras ambientalistas antiminería de Esquel, no constituye delito alguno ya que lo transportado por aquel misterioso camión era tierra con gasoil y trapos sucios”.
Tierra con gasoil y trapos sucios que viajaban en ese camión para ser dispuestos en un lugar adecuado conforme a lo que establecen las leyes nacionales en materia de preservación del ambiente.

sábado, 23 de junio de 2007

Se inicia una semana crítica para la ley Saenz - Difonso

MINERÍA. Durante la semana que se incia se evaluarán en distintos ámbitos provinciales los impactos negativos que viene generado la ley Saenz - Difonso que prohibe el uso de lo que los ultra ecologistas llaman “sustancias contaminantes”, un término muy amplio que hasta ahora sólo define al cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio.
Tanto los sectores empresarios no mineros de productos como los de servicios, estarían muy preocupados por la nueva ley, a tal punto que se habrían programado reuniones para analizar la problemática, en las próximas horas, con los mineros y tomar posciones frente a un potencial panorama de baja en las distintas rentabilidades privadas.
Uno de los focos de tormenta estaría en torno al sector financiero, por el gran volumen de divisas que hasta la sanción de la ley venían manejando a través de las inversiones de las empresas mineras trasnacionales que hoy, en su mayoría, han suspendido sus proyectos.
Otro blanco se estaría por generar a través de las agencias de viajes y turismo y las mismas empresas aéreas que venían lucrando por medio de la cartera de clientes que el sector -por los compromisos de sus profesionales- había generando a través de los numerosos viajes a Buenos Aires y Chile, principalmente.
Asimismo el temor se estaría expandiendo hasta las obras sociales que por medio de las prepagas chicas dejarían de contar con los aportes de los casi 2.500 empleados mineros que ven peligrar sus fuentes de trabajo por el parate producido en las inversiones de las trasnacionales que ya tuvieron repercusiones en sus acciones que cotizan en distintas Bolsas de Valores del Globo. Las mismas acciones que generan liquidez a las mineras extranjeras al momento de costear trabajos de prospección y exploración que en la mayoría de cada caso destinaron cerca de US$ 30 millones a Mendoza.
Éste último sector, con visibles debilidades a raíz de los supuestos desvíos de fondos que han puesto en jaque a medio millón de afiliados a prepagas Pymes de todo el país.

Administradores
“Todos los bancos de Mendoza siguen interesados en trabajar conlas empresas mineras, lo mismo que las obras sociales, porque saben que esas compañías son las primeras pagadoras y cumplidoras”, confirmó a Ciudadano Julio Pulisich, socio gerente de el estudio local Torre - Pulisich, Administración de Empresas, cuya cartera de clientes incluye a compañías como: Minera Andes, Maple, Soletanche Bachy, Sylex Argentina, Alex Stewart, N.A. Degerstrom Inc., Marfil Mines Ltd., Patagonia Exploración, United Energy Metal SA, entre otras firmas.
En tanto, reclamó que “las mineras también deberían ser prioridad del Gobierno, porque en materia impositiva son las primeras que blanquean a sus trabajadores, lo mismo en materia de seguros de riesgos de trabajo”.
“No existe otro rubro que cumpla con todos los requisitos legales que exigen las distintas leyes, tanto nacionales como provinciales”, enfatizó.
“También para el sector hotelero y para las aerolíneas la minería es muy importante”, agregó.
En un contexto más general, según Pulisich, “el impacto económico de la ley minera principalmente tiene influencia en el costo de oportunidades. En éste momento, es muy difícil hablar de regalías o de trabajos directos o indirectos”, dijo.

problemas en la minería de mendoza

La actual discusión por los asuntos mineros planteados bajo un tamiz ambientalista estarían mal planteados, según Rafael Monllor, Presidente del Sector Minero dependiente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), quien resumió -en diálogo con Ciudadano- que “la polémica tal como se ha elaborado es falsa”.

El especialista del sector, asimismo advirtió que quienes están detrás de las movilizaciones y las protestas “son los mismos personajes que han estado alarmando a la población en Esquel, La Rioja, Río Negro y en Catamarca”.

“Esa metodología de generar conceptos que relacionan a la minería con la muerte y al agua con la vida, son los mismos que se han venido utilizando en las otras protestas nacionales”, analizó.

“El señor Rodríguez Pardo, famoso por sus diatribas mineras, oriundo del sur de la Patagonia, junto al señor Montenegro, son los mismas personas que han estado generando sensación de alarma tanto en Mendoza como en el resto del país”, contó Monllor.

En relación a la supuesta falta de control –de parte del Estado- que le atribuyen los ambientalistas a la minería, refutó: “La minería es la única actividad que posee una ley medioambiental –la 24.585 de 1995- y que es anterior a la ley de medio ambiente de Argentina”, informó.

La ley que aludió Monllor, actualmente se encuentra incorporada al Código de Minería, que en sus artículos 248, 249 y 250, entre otros, es muy específico en cuanto a los controles que deben realizar las empresas mineras antes de iniciar cualquier tipo de actividad.

“Las empresas, cuando desean iniciar trabajos de prospección, exploración o explotación, antes deben presentar un estudio de impacto ambiental. Por lo que se deduce que antes de entrar en producción, ya debieron presentar, al menos, tres estudios”, enumeró.